El gobierno de EE.UU. pagó $1 por ChatGPT y Claude durante un año — ese precio se acaba el 30 de septiembre y nadie sabe qué sigue

En agosto de 2025, la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA, el organismo que centraliza las compras del gobierno federal) cerró una serie de acuerdos bajo su programa "OneGov" con OpenAI, Anthropic y Google. La lógica era simple: negociar un precio único y agresivo a cambio de volumen, para acelerar la adopción de IA en el sector público. El resultado fue, literalmente, simbólico: ChatGPT Enterprise y Claude quedaron disponibles para cualquier agencia de los tres poderes del Estado por $1 al año, y Gemini for Government por 47 centavos. Ese precio nunca fue sostenible como modelo de negocio — era, de entrada, un gancho promocional de doce meses.

Ese año se cumple el 30 de septiembre de 2026. Y según reportes de FedScoop y otros medios especializados en tecnología gubernamental, ninguno de los tres proveedores ha confirmado públicamente qué tarifa aplica a partir de esa fecha. La cifra de usuarios afectados no es menor: alrededor de 3,4 millones de empleados federales tienen acceso a estas herramientas a través de más de 120 órdenes de compra distintas repartidas entre agencias, y solo OpenAI reporta más de un millón de usuarios activos si se suman también gobiernos estatales y locales que se sumaron al mismo esquema.

Lo que se sabe hasta ahora, agencia por agencia, es fragmentario. Google ha dicho que pasará a un cobro por usuario, sin publicar todavía la cifra exacta. OpenAI confirmó que las suscripciones actuales no se renuevan automáticamente y que el precio futuro dependerá de niveles de uso escalonados, también sin números concretos. Anthropic, por su parte, no ha dado ningún detalle sobre cómo sigue el acuerdo. Greg Barbaccia, quien fue director de informática federal, resumió el escenario más probable en declaraciones recogidas por FedScoop: "No creo que vaya a seguir siendo $1 (...) podrían decir: este es tu uso, este es el costo calculado, este es el gasto que nos representa operarlo, esto es lo que buscamos sacar del trato" — es decir, un salto de precio calculado sobre uso real, no sobre el gancho promocional original.

El trasfondo de por qué esto importa más allá de una cifra de facturación gubernamental es el mismo problema que enfrenta cualquier organización que construye procesos de trabajo alrededor de una herramienta con precio artificialmente bajo: la dependencia se instala rápido, y el costo de salir —o de simplemente absorber un aumento de precio— se paga después, cuando ya no es fácil dar marcha atrás. GSA ha señalado que el esquema OneGov en conjunto (que incluye estos y otros acuerdos de software) le ha ahorrado al gobierno federal cerca de $1.600 millones frente a comprar por separado, así que el organismo tiene un incentivo claro para renovar algo, aunque sea a un precio mayor. Algunos reportes recientes mencionan "algunas extensiones, algunas ofertas nuevas en camino", pero sin cifras ni fechas confirmadas al cierre de esta nota.

Para cualquiera que administre infraestructura o presupuesto tecnológico —gobierno o no— el caso deja una lección que trasciende lo político: un precio de lanzamiento a un dólar es una decisión de marketing, no una proyección de costo real de operar un modelo de lenguaje a escala. Cuando esa cuenta se vuelve a hacer con números reales de uso, la diferencia se siente. Vale la pena planificar el "qué pasa cuando se acabe la promoción" desde el día en que se firma el contrato, no en la semana en que vence.